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Control de contaminación
Regulación normativa, ley de julio de 2002 en España

  • Se crea la ventanilla única ambiental para coordinar los permisos y controles sobre las actividades industriales.
  • Se establecen sanciones para las industrias que no prevengan sus impactos sobre el agua, el suelo y la atmósfera de manera integrada.
  • Se estima que se verán afectados por esta Ley cerca de 4.000 centros productivos. Por sectores, los más afectados son el agroalimentario (42 por 100), el químico (21,3 por 100), el de industrias minerales (10,7 por 100) y el de producción y transformación de metales (9,2 por 100).
  • Multas desde 200.001 euros hasta 2.000.000 euros,
  • El Consejo de Ministros Español, con fecha 23 de noviembre de 2001, aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, conocida por las siglas IPPC, correspondientes a su título en inglés. El objetivo de la nueva norma es prevenir, evitar, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo, provocada por determinadas actividades industriales, mediante un sistema de prevención y control integrados de la contaminación.
    Esta norma traspone la Directiva comunitaria de 1996, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación y se incorporan también los principios básicos de la Directiva comunitaria de compuestos orgánicos volátiles, de 1999.
    La finalidad de la Ley es alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, para evitar que el control de emisiones por separado contribuya a que la contaminación se transfiera de un medio a otro y conseguir la mejora de la calidad del medio ambiente general.
    Con ello se pretende integrar los criterios y variables medioambientales en el sector industrial para, a través de la mejora tecnológica y la consiguiente reducción de las emisiones contaminantes, contribuir a la lucha contra procesos como el cambio climático, la lluvia ácida y la contaminación de mares y ríos, todo ello con el objetivo de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que compatibilice la actividad industrial con la protección del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos.
    Se estima que se verán afectados por esta Ley cerca de 4.000 centros productivos. Por sectores, los más afectados son el agroalimentario (42 por 100), el químico (21,3 por 100), el de industrias minerales (10,7 por 100) y el de producción y transformación de metales (9,2 por 100).
    Una autorización renovable cada ocho años
    La futura Ley crea la figura de la autorización ambiental integrada que coordina los permisos y controles ambientales anteriores, lo que da lugar a una ventanilla única ambiental. España es uno de los Estados miembros en los que intervienen más autoridades en la concesión de la autorización ambiental.
    El permiso lo concede el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se ubica la instalación. En él se establecen las condiciones ambientales necesarias para explotar la instalación y se especificarán los valores límites de emisión de sustancias contaminantes a cada uno de los medios: aire, agua y suelo.
    La autorización ambiental integrada se concederá por un plazo máximo de ocho años, transcurrido el cual deberá ser renovada. Las instalaciones existentes gozarán de un periodo de adaptación a las condiciones ambientales exigidas hasta octubre de 2007. 
    Para otorgar la autorización ambiental integrada, el órgano competente deberá tener en cuenta que en el funcionamiento de las instalaciones se adopten las medidas adecuadas para prevenir la contaminación. Las industrias deberán adaptar tecnologías más eficaces en la protección del medio ambiente en su conjunto. 
    Permiso de producción de residuos
    Las instalaciones para obtener el permiso deberán evitar la producción de residuos y, si esto no fuera posible, deberán gestionarlos preferentemente mediante valorización. Asimismo, tendrán que realizar un uso eficiente de la energía, las materias primas y otros recursos, así como prevenir los accidentes graves y limitar sus consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente. También se deberán tener en cuenta medidas para evitar la contaminación cuando finalice la actividad de la instalación y que el lugar donde se ubique quede en estado ambientalmente satisfactorio. 
    Las Comunidades Autónomas deberán disponer de información, en cada una de las instalaciones industriales, de las emisiones, los focos de las mismas, los valores límites de emisión y las mejores técnicas disponibles aplicadas. Estos datos serán remitidos al Ministerio de Medio Ambiente para la elaboración del Inventario Estatal de Emisiones (eper-es.com) y su comunicación a la Comisión Europea, a efectos de la elaboración del Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes.
    Régimen sancionador
    La Ley contiene un régimen específico de infracciones muy graves, graves y leves y sus respectivas sanciones, sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, pudieran establecer las Comunidades Autónomas y del régimen sancionador previsto en la normativa sectorial aplicable.
    Como infracciones muy graves destacan la de ejercer la actividad sin la autorización ambiental integrada o la de incumplir las condiciones establecidas en la autorización, siempre que se haya producido daño al medio ambiente. La sanción correspondiente puede consistir en una multa desde 33.277.366 pesetas (200.001 euros) hasta 332.772.000 pesetas (2.000.000 euros), en la clausura definitiva o temporal de las instalaciones y en la inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un periodo no superior a dos años.
    Las Comunidades Autónomas ejercerán el control y la inspección necesarias para garantizar el cumplimiento de esta ley. El Estado tiene la competencia sobre el control de los vertidos a cuencas intercomunitarias.

    El texto ha sido consensuado con los distintos Ministerios; con las Comunidades Autónomas mediante diversas reuniones de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente; con los Entes locales a través de la Comisión Nacional de la Administración Local, y con todos los sectores más afectados. En su elaboración han participado más de ochenta asociaciones empresariales. 
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